El Gobierno endurecerá el 155 si Torra persiste en el órdago

El Gobierno se reserva la opción de endurecer el artículo 155 en Cataluña en el caso de que el presidente catalán, Quim Torra, persista en su órdago. El Ejecutivo ya ha avanzado que se mantendrá su aplicación después de que Torra designase consellers a presos y fugados, lo que plantea un inédito escenario de ‘convivencia’ entre ambas administraciones.

El acuerdo del 155-aprobado el pasado octubre-faculta al Gobierno, durante la vigencia de las medidas, «y en aquellos casos extraordinarios en que resulte imprescindible o inaplazable» a «plantear ante el Senado modificaciones o actualizaciones de las medidas inicialmente autorizadas, cuya procedencia será, en su caso, acordada por la autoridad u órgano que se cree o designe a tal efecto».

Gobierno, PSOE y Ciudadanos ya acordaron la pasada semana, en respectivas reuniones bilaterales, que un nuevo 155 habría de contemplar la opción de intervenir los medios de comunicación públicos exentos, en su día, por las presiones de los socialistas. En este tiempo, la radio y la televisión catalana han seguido su política de adoctrinamiento, con una mayoría de contenidos en defensa de los líderes independentistas huidos o en prisión y emisiones ciertamente cuestionables, como la reciente entrevista al etarra Josean Fernández.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy no dará consentimiento a que Torra se salga con la suya de incluir en su Govern a los dirigentes ahora en prisión y que, previsiblemente, serán inhabilitados en las próximas semanas. Lo mismo ocurre con los líderes en el exterior, incapaces de ejercer, por pura lógica, las funciones propias de su cargo.

El Gobierno puede retrasar ‘sine die’ la formación de Gobierno en Cataluña evitando la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de la lista de consejeros de Torra. No obstante, ello no implica que el nuevo president no gobierne. De hecho, tanto su nombramiento como toma de posesión sí fueron publicados, lo que le faculta para ejercer.

El pulso conllevará a un ‘enfrentamiento’ de consecuencias imprevisibles, especialmente, en ámbitos sensibles como los Mossos o la acción exterior de la Generalitat. En ambos casos, el Gobierno intervendría. En el primero, para asegurar la lealtad a la Constitución. En el segundo, para evitar la difusión de propaganda independentista en los países europeos, uno de los objetivos del Govern en su afán de «internacionalizar» el «conflicto».

Aún cuando el 155 decayese, se mantendría también una intervención reforzada de las finanzas, en los mismos términos que se aprobaron en 2015, y que obliga a la Generalitat a informar mensualmente de sus pagos. La supervisión pretende evitar que se destine dinero público a fines ilícitos.

La inmersión lingüística sí queda fuera

Ni con el 155 inicial aún vigente, ni en el caso de reeditarse un nuevo acuerdo, el Ejecutivo incluye la posibilidad de controlar la política lingüística para acabar con la dictadura del catalán y asegurar el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular de educación de sus hijos.

La cuestión es ciertamente delicada para el Ejecutivo que, en su momento, avanzó que tomaría la iniciativa para proteger a aquellas familias que deseaban que sus hijos se educasen en castellano. El ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, llegó a asegurar, en febrero, que el Gobierno garantizaría la «la libertad de los padres» para elegir el castellano como lengua vehicular de sus hijos en los centros escolares catalanes y avanzó que el Ejecutivo estaba estudiando cómo hacerlo.

La principal vía era incluir una casilla en el formulario de matriculación para que los padres pudiesen elegir el castellano como lengua vehicular, una petición de varias asociaciones constitucionalistas catalanas.

Sin embargo, apenas dos meses después, el Gobierno descartó toda posibilidad de proteger el español. Lo confirmó el hecho de que las normas de preinscripción escolar no incluyese ninguna casilla. En fuentes del Ejecutivo concluyen que no se puede utilizar el 155 para cambiar el modelo lingüístico de Cataluña.

A eso se suma que, en este tiempo, el Constitucional ha rechazado la opción incluida en la LOMCE que obligaba a la Generalitat a pagar ayudas a las familias que lo solicitasen para poder matricular a sus hijos en centros privados con el castellano como lengua vehicular.

La legislación catalana, en concreto la Ley de Educación de la comunidad, define, en su artículo 11, que el catalán es «la lengua normalmente usada como vehicular y de aprendizaje en el sistema educativo».

Esto implica que, en la práctica, en los colegios, todas las asignaturas se impartan en catalán, a excepción obviamente de la Lengua Castellana . Ello a pesar de las sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Supremo, que establecen el derecho de los padres a elegir la lengua vehicular. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña determinó la obligación de impartir, como mínimo, un 25 por ciento de clases en castellano.

La única iniciativa que ha tomado el ministerio de Educación ha sido apoyar una proposición de ley registrada por el PP catalán para cambiar la Ley de Educación Catalana 12/2009, con el objetivo de garantizar ese 25 por ciento.

Esa es, según el Gobierno, la  única forma de modificar la Ley de Educación Catalana.